El presidente Abinader debe evitar a toda costa que la corrupción administrativa mine la credibilidad de su Gobierno
SANTO DOMINGO, R.D.– La corrupción administrativa continúa siendo uno de los mayores males que arrastra la sociedad dominicana. Ningún gobierno, por fuerte o popular que parezca, escapa al juicio severo del pueblo cuando se descubren prácticas indebidas en el manejo de los recursos públicos. Hoy, más que nunca, la ciudadanía vigila con atención, con un nivel de conciencia que no permite silencios, excusas ni complicidades.
El presidente Luis Abinader ha sabido proyectar la imagen de un hombre decente, transparente y con vocación de servicio. No obstante, esa credibilidad corre el riesgo de verse afectada si no se enfrenta con determinación cualquier sombra de corrupción dentro de su administración. Ya no bastan las buenas intenciones ni los discursos enérgicos; lo que el país espera son acciones concretas, sanciones ejemplares y un mensaje firme de que en este Gobierno no caben ni “intocables” ni “traviesos” amparados en influencias políticas para abusar de los bienes del Estado.
El caso de las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) no puede manejarse como un hecho aislado ni como un expediente más en los pasillos oficiales. Al contrario, constituye una oportunidad para demostrar que en la gestión de Abinader no hay espacio para encubrimientos ni negociaciones de espaldas al pueblo. El mensaje debe ser claro: nadie, sin importar rango o cercanía política, está por encima de la ley.
Ya son muchos los escándalos que han salido a la luz en instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Agricultura, el Intrant, Senasa, entre otras dependencias, donde algunos funcionarios exhiben incluso un cambio radical de su estilo de vida, y además han intentado blindarse en liderazgos falsos. La paciencia social está agotada.
La sociedad dominicana no soporta más nóminas abultadas, privilegios disfrazados destinados a comprar a quienes se venden para patrocinar proyectos políticos personales en base a fondos que no salen de sus bolsillos. Esta desleal actuación ofende la dignidad de los ciudadanos que día a día trabajan con esfuerzo para sostener a sus familias. Cada episodio de corrupción erosiona la confianza en las instituciones y amenaza con empañar la gestión de un presidente que, hasta ahora, ha demostrado voluntad de transparencia.
La lucha contra la corrupción debe colocarse como prioridad nacional. Solo así se podrá garantizar que cada peso de los dominicanos se utilice en lo esencial: concluir carreteras, levantar hospitales, fortalecer la educación, asegurar la estabilidad económica y cumplir con los compromisos de desarrollo. No se trata de un reclamo partidista, sino de un deber moral y patriótico.
Estoy convencido de que el presidente Luis Abinader tiene la capacidad y la firmeza necesarias para encarar este desafío. Porque la verdadera grandeza de un gobernante no se mide únicamente por las obras que inaugura, sino por la transparencia con la que dirige los destinos de su pueblo. Y el pueblo dominicano reclama, más que nunca, un liderazgo honesto, firme y ejemplar.
Por Lincoln Minaya
